El presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 26 de agosto de 2026 declarando una emergencia nacional para proteger la red eléctrica estadounidense del equipo de producción extranjera. El texto se publicó en el Federal Register el 31 de agosto como Orden Ejecutiva 14421 y apunta al sistema de energía a gran escala: la red de alta tensión que transporta electricidad a largas distancias, que abarca líneas de transmisión de 69 kilovoltios o más, subestaciones e instalaciones de generación, mientras excluye las redes de distribución local.
Basada en la International Emergency Economic Powers Act y la National Emergencies Act, la orden afirma que ciertos actores extranjeros están creando y explotando cada vez más vulnerabilidades en el sistema de energía a gran escala de Estados Unidos, que sostiene la defensa nacional, los servicios de emergencia vitales, la infraestructura crítica y la economía. La administración la presenta como una amenaza extranjera "inusual y extraordinaria": no una fórmula retórica, sino la base legal que permite al Departamento de Energía bloquear transacciones comerciales con efecto inmediato.
Qué hace la orden
En su núcleo está la prohibición de adquirir, importar, transferir o instalar equipo eléctrico del sistema de energía a gran escala de producción extranjera cuando el Departamento de Energía determine que una transacción involucra a entidades cubiertas, es decir, países sujetos a regímenes de embargo de armas o sanciones de Estados Unidos, o personas que Washington considere implicadas en conductas perjudiciales para la seguridad nacional, y plantea un riesgo indebido de sabotaje, acceso no autorizado, acción remota maliciosa o interrupción del suministro.
La lista de equipos cubiertos es amplia: transformadores de subestación, inversores conectados a la red a escala de servicios públicos, sistemas de almacenamiento de energía en baterías, generadores, relés de protección, interruptores automáticos de alta tensión, turbinas de generación y sistemas de control industrial como controladores lógicos programables y unidades terminales remotas. El perímetro también incluye software, firmware y capacidades de acceso remoto, con atención a los mecanismos de actualización de los proveedores durante todo el ciclo de vida de las instalaciones.
En cuanto a los plazos, el Departamento de Energía tiene 120 días para publicar las normas de aplicación e identificar los países, proveedores, productos y transacciones que merecen restricciones. En un plazo de 180 días debe presentar recomendaciones para revisar el Federal Acquisition Regulation, el reglamento de las compras federales, con el fin de priorizar la infraestructura energética fabricada en Estados Unidos.
Qué ocurre con el equipo ya instalado
La orden no prohíbe todo el equipo de fabricación extranjera. Para las unidades que ya estaban en servicio antes de la firma, el secretario de Energía puede imponer condiciones de uso, desde la identificación y el aislamiento hasta la monitorización, la sustitución o la retirada, sopesando la fiabilidad de la red, la disponibilidad de sustitutos seguros y la continuidad del servicio esencial, con posibilidad de cumplimiento por fases. También se prevé una lista de proveedores y equipos precualificados, exentos de la prohibición.
Los expertos miden la escala práctica del desafío. "Bloquear las compras nuevas es la parte fácil. Saber qué está ya en funcionamiento es donde empieza el verdadero trabajo", declaró John Bruggeman, director virtual de seguridad de la información de CBTS, a Al Jazeera, y añadió que las empresas de servicios públicos que operan equipo de red de origen extranjero tienen "un reloj de cumplimiento que empieza a correr hoy". Para Michael Centrella, de SecurityScorecard, la orden "establece la autoridad para actuar", pero el siguiente paso difícil será dar a los operadores una visibilidad escalable e independiente sobre qué activos y relaciones con proveedores presentan el mayor riesgo sin perturbar la fiabilidad del sistema eléctrico.
Por qué ahora
En el texto, la administración vincula la emergencia al rápido crecimiento de la fabricación avanzada, los centros de datos, la inteligencia artificial y la producción de defensa, que aumentó la dependencia de Estados Unidos de una electricidad abundante y fiable y amplificó las consecuencias de un ataque exitoso. El telón de fondo es una serie de alertas: el año pasado expertos estadounidenses informaron de dispositivos de comunicación no declarados en algunos inversores solares chinos, y en julio la Comisión Federal de Comunicaciones prohibió los nuevos inversores de fabricación extranjera con capacidades de comunicación remota en la red.
¿Y Europa?
La orden se dirige al mercado estadounidense, pero plantea la misma pregunta al otro lado del Atlántico. Europa ya ha visto qué ocurre cuando la red falla: el apagón del 28 de abril de 2025 dejó a la mayor parte de España y Portugal sin electricidad durante horas, lo que llevó a Lisboa a anunciar medidas para reforzar su sistema eléctrico. La pregunta abierta es si las redes europeas están mejor preparadas que la estadounidense frente a un riesgo similar, entre dependencias de proveedores extranjeros, inversiones necesarias y precios de la energía que siguen siendo sensibles a cualquier impacto. Por ahora, Washington ha elegido la línea más dura: tratar la red eléctrica como una frontera estratégica de la seguridad nacional.
Fuentes
